Desde que comenzamos a generar una política que contempla los intereses del pueblo, los indicadores de la reparación social y económica son alentadores.
Cuando el 25 de mayo del año 2003 Néstor Kirchner asume la primera magistratura, lejos de pensar en lo que había heredado, asumió la postura del progresismo político y miró para adelante.
Pero antes que nada quiero, necesito, aclarar el por qué de la elección de la palabra reparación en lugar de la que me han sugerido varios compañeros, que era la recuperación.
Elijo reparación porque el camino que comenzamos a transitar es distinto al que nos proponían los que llevaron al pueblo a quedar sometido al antipueblo. Si hubiese elegido la palabra recuperación, estaríamos volviendo a un statu quo que nos llevó al fracaso. Es por esto que la Reparación, parafraseando a Hipólito Yrigoyen es el camino de la dignidad, de la victoria sobre los sectores liberales que pretenden hacer de la desigualdad la moneda corriente porque, en un país de desiguales, ellos conservan el poder. Y en el país que queremos, el de la integración, el poder debe estar en manos del pueblo y no de las minorías que, por lo general, no representan la defensa de lo nacional. Y mucho menos, de lo popular.
Pero ¿por qué debemos recorrer este camino? ¿Dónde estábamos situados cuando se decidió el itinerario que conduce a la dignidad y a la igualdad?
Luego de la reconquista de la democracia, tras la dictadura más sangrienta de que tengamos memoria, se instaló una nueva esperanza en los sectores populares: la democracia era un instrumento para restaurar los derechos que nos fueron birlados desde 1930 por las dictaduras militares que, con la complicidad de la oligarquía nativa y del poder económico local y extranjero, decidían que gobierno debía estar y, en los breves plazos en que la democracia se instauraba, una vez reagrupadas las fuerzas de los enemigos de lo popular, nuevamente establecían la duración de los mandatos y cuando debían caer los gobiernos elegidos por las urnas. Esto fue así hasta 1983, donde la instalación de la democracia se consolidó con la fuerza necesaria para resistir los embates tradicionales de los sectores golpistas.
Pero el antipueblo se organiza otra vez y, mediante el liberalismo, vuelve a atacar en una nueva forma de golpe: el económico, con el objetivo de la desestabilización, que en vez de armas utiliza a los medios de comunicación para disparar lo que se convierte en una fuerza radicada en el imaginario popular: todo esta mal, nada funciona, se debe cambiar.
De esa manera, en la década del 90, un nuevo régimen tiránico se impone en el país: el totalitarismo liberal, donde el Estado no tiene inversiones sino gastos, y estos debían ser eliminados. Es en ese momento donde la educación, la salud, la seguridad, los servicios públicos y toda otra obligación ineludible del Estado dejan de considerarse inversiones. Es el origen del colapso de la educación pública (ésta corresponde a las provincias y se les traslada las obligaciones y no los recursos), la salud pública entra en crisis, comienza el incremento de la seguridad y los servicios públicos debían ser privatizados y, aquellos que no podían serlo, eran anulados. Es memorable la frase que, referida a los ferrocarriles, definió la política liberal de los 90 “Ramal que para, rama que cierra”, desafiando a los gremios que luchaban por los derechos de los trabajadores y olvidándose de los beneficiarios del servicio. Con la desaparición de los ferrocarriles se anularon las posibilidades de subsistencia de los pueblos que se habían formado a la vera de las estaciones y se genera el poder del gremio de los camioneros, que hoy es el único que tienen el poder de la carga en la Argentina.
Pero esto no fue por generación espontánea. Scalabrini Ortíz decía, con respecto a estos temas que “la organización de la desorganización era lo único que permitía tomar medidas que, en otro contexto serían injustificables”. ¿Cómo se organizaba la desorganización? Mediante los comunicadores sociales. Aquellos que tenemos memoria, recordamos a Bernardo Neustad y a Mariano Grondona pregonando, por ejemplo, la caída del sistema de transporte público y que era necesaria la privatización para que los ferrocarriles sean eficientes. Y el argumento era que recibían un subsidio de un millón de dólares por día y que el servicio era malo. Lo que nunca explicaron era que los ferrocarriles son necesarios como servicio público y que en ese contexto, por su carácter público, deben ser subsidiados por el Estado porque tienen que ser utilizados por todo el pueblo y no solamente por los que pueden pagar. Los resultados están a la vista: los ferrocarriles fueron privatizados, siguieron recibiendo los subsidios, y el servicio no solamente fue desmejorando sino que no existió la reinversión para el crecimiento sustentable.
Este nuevo concepto de dominación por parte de las minorías estalla cuando, luego del enriquecimiento de un pequeño sector y el empobrecimiento de las mayorías, y con la fuerza de las urnas mediante, el pueblo se manifiesta. Y luego de varios engaños, que comienzan con Menem y siguieron con De la Rua, Rodriguez Saa y Duhalde, recae la responsabilidad de gobernar en Néstor Kirchner.
El panorama del inicio de la gestión era preocupante: la economía destruida por acción de la convertibilidad primero y de la pesificación asimétrica, con el corralito y el corralón que confisco todos los plazos fijos, con una desocupación de casi el 30%, con más del 50% de la población debajo de la línea de pobreza, con una mortalidad infantil del 21 por mil, con una deserción escolar en alza, sin moneda, con un festival de bonos provinciales y con una deuda externa de 180.000 millones de dólares equivalente al 104% del Producto Bruto Interno.
Pero el ejercicio no estaría completo sin asignar responsabilidades: el primer responsable, el que recibió el país con la promesa del Salariazo y de la Revolución Productiva fue quien congeló los salarios por más de una década y que destruyó la industria nacional: Carlos Saúl Menem. A Menem, con Cavallo en el ministerio de economía, dejando al país con la sociedad destruida, con el fenómeno social conocido como “la derrota del padre” (ese fenómeno que determina con precisión como la figura del hombre en el hogar fue cambiando merced a la pérdida del empleo), con la exclusión de los pobres del sistema y con una desocupación de cerca del 22% le sucedió Fernando De La Rua. Este gobierno de la Alianza, que se había hecho cargo de las expectativas de decencia y de la restauración de las igualdades sociales, toma medidas mediante sus ministros de economía que aún hoy son recordadas: la disminución del 13% de los salarios llevada adelante por Ricardo Lopez Murphy al que sucede nuevamente Domingo Felipe Cavallo que culmina con el corralito. En el medio el escándalo de las coimas en el Senado, el abandono del barco del Vicepresidente Carlos Chacho Alvarez, y la profundización de la desocupación que llega al 25%. La revolución burguesa de diciembre del 2001 y la sucesión de presidentes “diarios” hasta la llegada al poder de Eduardo Duhalde. Y en el ministerio de economía primero Remes Lenicoff, que la primera medida que lleva adelante por orden del Presidente fue la devaluación y la pesificación asimétrica, no sin antes confiscar los depósitos de todos los argentinos, en la operación que se conoció como “el corralón”, y cuyos únicos beneficiarios en el gobierno de Duhalde fueron los bancos internacionales. Luego asume Roberto Lavagna en el ministerio y lleva adelante políticas de “saneamiento económico” que elevaron la desocupación a casi el 30%, con una economía sumergida (en negro) de cerca del 60% del total de la economía argentina. Y con el derecho a la alimentación que ninguno de los gobiernos que sucedieron al de Alfonsín se preocupo en satisfacer: el hambre en la Argentina se revelaba cotidianamente a la vista del mundo con hombres y mujeres comiendo de los restos de un símbolo del imperio (Mc Donalds). Nunca en la Argentina de la comida, los argentinos revolvían la basura para comer.
Hasta que asume primero Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner. Y la política argentina volvió a tener un tinte nacional y popular. Lo primero que se hace es, desde el Ministerio de Desarrollo Social, librar una batalla contra la indignidad de la falta de empleo y contra el hambre: se lanzan programas que rápidamente disminuyeron la mortalidad infantil heredada, a niveles anteriores al arribo del liberalismo al poder. Se establece un tipo de cambio alto para fomentar las exportaciones y se procede a la reconstrucción del aparato productivo, se establecen retenciones a las exportaciones con dos objetivos: evitar el desabastecimiento del mercado interno y generar recursos genuinos para poder llevar adelante medidas revolucionarias que permitirían volver a tener soberanía en la toma de decisiones. Nunca se reprimió una marcha, de ningún sector, se generaron planes sociales con la firme intención de llevar dignidad e integrar a los hermanos que quedaron excluídos y, una vez reconstituido el poder del Estado, se cancela la deuda con el Fondo Monetario Internacional, dejando en claro que la Argentina puede tener fórmulas propias para el crecimiento económico sin estar sometida a los organismos liberales de crédito. Se produce el canje de la deuda, se comienza sobre la auditoría de las empresas privatizadas, se vuelve a dar mayor presupuesto a la educación y a la salud pública, se crean casi 4.000.000 de puestos de trabajo, se otorgan 1 millón y medio de jubilaciones a personas que fueron víctimas del saqueo de sus aportes, se vuelve a confiar en el Estado en el tema jubilatorio, se deroga la flexibilización laboral y se vuelve a la discusión del salario en paritarias, se recupera la capacidad de consumo de los argentinos, y a pesar de estas “efectividades conducentes” (como diría Hipólito Yrigoyen), la derecha trata de reaccionar.
Y vuelve con las herramientas que ya conocemos: los medios de comunicación atacan sin piedad al INDEC, piden la cabeza del Secretario de Comercio Guillermo Moreno pues es el que se opone con más fuerza a los sectores formadores de precios, generan el ámbito propicio para que, frente a la renta extraordinaria producto de los precios internacionales de los granos, se masifique un conflicto sectorial con la única intención de beneficiar a la oligarquía ganadera.
A pesar de esto, la marcha nacional y popular continúa. Y se obtienen fondos genuinos de recursos locales para poder incrementar las reservas de la Nación y se presenta por primera vez desde el gobierno de Illia una inflación producto del empuje del consumo por la diversificación en la distribución del ingreso y no por la emisión indiscriminada del Estado para satisfacer sus necesidades de caja. Y se obtienen 6 años de crecimiento sostenido del 8% en la economía del país, lo que hace que la deuda externa, del mismo valor nominal de 180.000 millones de dólares sea del 52% del total del producto bruto interno. Una mejora sustancial.
Sin embargo la derecha desea explotar la memoria inflacionaria del pueblo y ataca. Y aquí me detengo un instante para redondear este camino a la reparación que comenzamos a construir.
Lejos de lo que la gente en general cree, es mejor un contexto inflacionario que un contexto sin inflación o deflacionario. Recordemos la época de Cavallo con índices de inflación negativo (deflación) y a donde nos condujo esto: al vaciamiento, al achicamiento del país, a la concentración de la riqueza. Existe un postulado en la economía que dice que “la deflación trae aparejada inevitablemente la recesión”. Y cuando se produce un contexto recesivo quien primero sufre las consecuencias es el pueblo trabajador, aquel que ve perder sus posibilidades y junto con ellas, su empleo y dignidad. Los argentinos debemos tener memoria de esto.
Por otro lado, esta inflación que vivimos, de características absolutamente controlables es una consecuencia del crecimiento económico y de la recuperación del salario de los argentinos. Ahora ¿debemos temer a la inflación en este contexto? Para nada, esta inflación es el síntoma de la recuperación. Y pongo un ejemplo: durante el gobierno de Arturo Illia el crecimiento de la economía era del 10% anual, con una fuerte distribución del ingreso y con un compromiso en los conceptos de inversión social pública (educación, ciencia y tecnología, salud) y la inflación era del 25%.
Aunque también es cierto que parte de la inflación que hoy estamos sufriendo es especulativa. Y nuevamente, frente a esta realidad, las fuerzas del antipueblo atacan a través de los medios para generar miedo. Pero el Pueblo reconoce los miedos, sabe quien los provoca y sabe que hoy tiene un Gobierno que es del Pueblo.
Entonces hagamos memoria: ¿cuando el pueblo estuvo mejor? ¿Con crecimiento e inflación controlada o con deflación y recesión?
La respuesta la sabemos todos, aunque para la oligarquía sea inconveniente que el pueblo tenga memoria.
